Eurobank ratifica la suspensión en medio de insultos de sus clientes
Las mutuas desinvierten seis millones en Excell Life para cancelar las pólizas
No hubo sorpresas. La junta de accionistas de Eurobank del Mediterráneo ratificó ayer la suspensión de pagos solicitada por la entidad el 14 de agosto con el apoyo del 77,74% del capital de la entidad y designó como representantes del banco en el proceso de suspensión a la actual secretaria del consejo, María del Carmen Rodríguez Robledo, y al presidente en funciones del mismo, Rubén Manso, dos personas de la máxima confianza del ex presidente Eduardo Pascual. Tras la junta, clientes del banco increparon a los responsables de la entidad y tuvo que intervenir la policía para evitar enfrentamientos de mayor calado.
El consejo de administración justificó la decisión por tratarse de "la mejor forma de salvaguardar los intereses de los acreedores", según un escueto comunicado oficial leído al término de la junta por el letrado director de la suspensión de pagos, Arturo Codina.
Los pequeños accionistas, que representan el 23% del capital de Eurobank, rechazaron la suspensión "al no conocer la situación real de la entidad", según denunció su representante, Xavier Fontdevila. La junta de ayer escenificó, una vez más, la enorme división existente en el accionariado de Eurobank. Por un lado, están Pascual y su red empresarial (las tres mutuas y Excell Life), y por el otro, el resto de accionistas, en constante desacuerdo con la gestión de éste desde que desembarcó en el banco en 1996. La cúpula de Eurobank reitera que la solvencia de la entidad y la devolución de depósitos está garantizada, puesto que la deuda del banco con los 18.000 clientes de pasivo (titulares de cuentas y depósitos) asciende a 150 millones de euros y dispone de unos activos realizabales de 180 millones.
Mientras, dos de la mutuas vinculadas al banco, Norton Life y Caja Hipotecaria, han procedido a la desinversión de seis millones de euros en obligaciones de Excell Life, la aseguradora con sede en Luxemburgo controlada por el propio Pascual, para "cubrir las cancelaciones de los unit link solicitados", cuyo montante total asciende a 72 millones.
