La fiscalía se opone a que la Audiencia Nacional investigue los vuelos de la CIA

La fiscalía se ha opuesto a que el caso de los vuelos de la CIA se investigue en la Audiencia Nacional. El fiscal Vicente González-Mota ha remitido un escrito al juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central 2, en el que señala que no se ha acreditado la existencia de delitos que sean competencia de la Audiencia Nacional y le pide que archive las actuaciones. El fiscal, sin embargo, no se opone a que los hechos se investiguen en Baleares. El juez Moreno deberá ahora pronunciarse sobre su propia competencia para perseguir los supuestos delitos denunciados, decisión que se espera para los próximos días.

Un colectivo de profesionales presentó en marzo de 2005 una querella criminal por delitos de torturas, secuestros y detención ilegal, supuestamente cometidos a lo largo de 2004 y 2005 en numerosos vuelos sospechosos de pertenecer a la CIA, que hacían escala en Mallorca y que presuntamente trasladaban a terroristas internacionales sin cobertura judicial alguna.

El juez de Palma Antonio Garcías, al que había correspondido el caso, se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, por entender que era de aplicación directa el "principio de justicia internacional" para la persecución del delito de tortura tanto si se ha cometido en España como si lo hubiera sido en el extranjero. Sin embargo, el fiscal jefe de Palma de Mallorca, por dos veces recurrió la decisión.

Precisamente ayer, el portavoz de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Juan Antonio García Jabaloy, destacó la "unidad de criterio del Ministerio Fiscal". El fiscal del caso ha hecho lo mismo que hizo en su momento el fiscal de Palma.

El fiscal jefe de Baleares inició una investigación sobre los vuelos en marzo de 2005, y en mayo de ese año el fiscal del Estado, Cándido Conde-Pumpido, informó al CNI de que no se apreciaban indicios de delito, aunque señalaba que los movimientos detectados tenían características extrañas, pues la mayoría de los viajeros tenía estatus diplomático.

Sin indicios de delito

Agentes de la Guardia Civil investigaron los hechos y buscaron indicios de la existencia de aviones-cárceles o que hubieran sido remodelados para permitir el traslado de terroristas o que sirvieran para ocultar secuestros de sospechosos. Los guardias mantuvieron entrevistas con el personal del aeropuerto que se encarga del mantenimiento de las aeronaves y del reabastecimiento de alimentos. Los empleados del aeropuerto aseguraron a los agentes que los aviones supuestamente pertenecientes a la CIA presentaban un aspecto normal y no se advertía que en su interior se hubieran realizado transformaciones o adaptaciones para traslados especiales.

Tanto la Guardia Civil como la fiscalía llegaron a la conclusión, a la vista de las declaraciones del personal auxiliar del aeropuerto, de que si éstos habían podido acceder fácilmente al interior de los aviones utilizados en supuestas misiones secretas, como así había ocurrido, era muy difícil que las aeronaves hubieran sido utilizadas como cárceles volantes.

El fiscal consideró que, a pesar del criterio del juez, los supuestos indicios de delito no estaban acreditados, que tampoco se ha podido saber la identidad de los autores de las supuestas torturas y que los hechos requerían una investigación más minuciosa en Mallorca. Lo mismo que ahora sostiene el fiscal González-Mota en la Audiencia Nacional.