Desmesura total

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a penas de entre tres y cinco años de prisión a los policías que detuvieron a dos militantes del PP en relación con el acoso sufrido por el entonces ministro de Defensa, José Bono, en una manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo celebrada el 22 de enero de 2005. La sentencia produce la misma impresión de desmesura que ha acompañado a todo este episodio. El recurso presentado por los policías debería permitir dilucidar, de manera más clara que la sentencia, si la no culpabilidad de los dos militantes del PP convierte en culpables de un delito de detención ilegal a los policías.

Hubo desmesura en la actitud de quienes aprovecharon una manifestación de víctimas del terrorismo para atacar de manera desaforada al Gobierno, la hubo en la identificación del PP con la extrema derecha por haber secundado esa movilización y la hubo también en las referencias de portavoces de este partido a "comportamientos propios de la Gestapo" a cuenta de la detención de sus dos militantes.

El motivo central de la controversia en el juicio oral fue la propia existencia del hecho mismo de la detención. La defensa alegó que lo que hubo fue comparecencia voluntaria de esas personas, a requerimiento policial, para prestar declaración tras haber sido identificadas en el vídeo que grabó el incidente. Detención implicaría esposarles, tomarles fotos y huellas dactilares, ingreso en los calabozos u otras medidas que no se dieron en este caso, según la defensa. Sin embargo, la sentencia concluye que hubo detención porque se instruyó de sus derechos a los detenidos y se redactaron unas "diligencias de puesta en libertad", lo que implicaría que hasta ese momento estaban detenidas. Del relato que hace la propia sentencia lo que se deduce es que los hechos se corresponden con la versión de la defensa, aunque hubiera confusión en la forma de tramitar las diligencias.

Relevar al agente inicialmente encargado de las diligencias fue seguramente una torpeza, como lo fue que la Delegación del Gobierno hablase de "imputados" en un asunto en el que no intervino el juez, que es el único que puede imputar; y fue una necedad que el mismo delegado -que ayer dimitió tras conocer la sentencia- augurara que "pronto habrá detenciones", lo que, según aventura el tribunal, "pudo haber influido en el proceder" de los policías. Pero a pesar de todo, parece no ya aventurado, sino sorprendentemente audaz, considerar que no sólo hubo detenciones, sino que éstas fueron "inmotivadas, arbitrarias y abusivas", y que los agentes las practicaron pese a conocer la "antijuricidad de su conducta".

La policía investiga cuando hay indicios de delito. Hubo, como mínimo, intimidación contra el ministro Bono y las personas que le acompañaban, en un clima de evidente hostilidad. Haber dejado de investigar lo ocurrido habría sido una invitación a la impunidad. Por eso era lógico tomar declaración a las dos personas identificadas como posibles participantes en los hechos, como hacen todas las policías de los países democráticos. La declaración no confirmó los indicios y fueron puestas en libertad, tras pasar en total cuatro horas y pico en las dependencias policiales. Convertir este episodio en una prueba de persecución política revela una cierta confusión sobre lo que esas palabras significan. Y resulta hipócrita por parte del PP considerar a los policías condenados simples cabezas de turco que pagan por otros, tras haber pedido para ellos, como acusación particular, un total de 22 años de prisión.